La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires aplicó un ajuste al presupuesto 2012 del organismo, del orden del 34%. 

Por su parte, el secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, afirmó que la medida es "inentendible" y aseguró que se trata de "un ajuste a las políticas de derechos humanos" que desarrolla la CPM. También negó que la medida tenga que ver con la crisis económica que atraviesa la Provincia.

Por cierto, el presupuesto bonaerense es de 130 mil millones de pesos y el ajuste que quieren aplicar es de 3,7 millones. En tanto, el gasto anual de la Comisión es de apenas 11 millones.

En este sentido, Mosquera consideró que la situación "es grave" ya que "estamos llevando adelante programas muy importantes para la promoción de derechos".

En declaraciones a Radio Provincia, enumeró que desde la Comisión Provincial por la Memoria "monitoreamos los lugares de detención de las personas (cárceles, comisarías, centros de detención de niños y niñas, neuropsiquiátricos), trabajamos sobre violencia institucional y asesoramos secretarías de derechos humanos de los municipios". 

Asimismo, agregó "por administrar el archivo de inteligencia de la Policía Bonaerense, aportamos pruebas materiales en los juicios de lesa humanidad". También "impulsamos el programa Jóvenes y Memoria en 700 escuelas de la provincia, que trabajan con nosotros durante todo el año y 10 mil chicos terminan en Chapadmalal"; un programa que el gobierno nacional quiere extender al resto del país.

Por otra parte, informó que este año el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de creación de la Policía Judicial que elaboró la CPM y ya tiene media sanción del Senado. 

Además, señaló "estamos trabajando sobre la autonomía de la defensa, para que se logre equilibrar el ministerio público fiscal y la defensa", al tiempo que "buscamos modificar las estructuras del Servicio Penitenciario y de la policía de la Provincia".

En noviembre del año pasado, remarcó Mosquera, "acordamos el presupuesto" en una reunión de la que participó el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el entonces ministro de Economía, Alejandro Arlía. Asimismo, subrayó que "cuando le llevamos el Informe Anual de Violación a los Derechos Humanos, el gobernador dijo que no iba a habar ajuste" en el sector.

Luego se refirió a la creación del consejo consultivo destinado a la prevención de la tortura y otros tratos crueles en contextos de encierro. "Está bien que el gobierno reconozca que hay tortura y que cree un equipo para prevenirla, pero esa es una acción de gobierno y nada tiene que ver con el control autónomo que lleva adelante la CPM". 

Finalmente, precisó "si el gobierno crea esto para avanzar, está bien pero si lo crea para que no se apruebe la Ley de Prevención de la Tortura autónoma que se debate en la Legislatura o se lesiona la institución que hoy lo está monitoreando, es un grave error".

E.V