Daniel Scioli volvió a hacer ayer un gesto nítido con relación a los términos del dictamen que una comisión del Senado bonaerense produjo sobre la investigación del crimen de Candela Rodríguez, esta vez con una señal de respaldo a la procuradora general de la Corte, Carmen Falbo, y a diversas áreas de la Justicia explícita o implícitamente cuestionadas en ese informe.

Es que en ese dictamen, los cuestionamientos y las "recomendaciones" -en rigor, reclamos de denuncias y enjuiciamientos de varios magistrados- con relación al desempeño de la Justicia provincial en el caso, constituye uno de sus capítulos más duros.

Pero el trabajo -firmado por la mayoría de los senadores que integraron la Comisión Candela- incluye además severas críticas al funcionamiento "habitual" de la Justicia, en particular de los fiscales. Así se indica taxativamente en en el informe, donde se afirma que "el accionar irregular de los fiscales (falta de idoneidad para conducir las investigaciones y complicidad con la policía, entre otras) no es atributo exclusivo del caso Candela sino que forma parte de una matriz de intervención".

Por eso, los cuestionamientos se centraron en el área de la procuradora Falbo -la jefa de los fiscales de toda la Provincia-, aunque alcanzaron también a otros actores y sectores de la Justicia.

Por lo demás, todo el proceso de la Comisión Candela y su dictamen presentan connotaciones políticas enmarcadas por la pelea central que se desarrolla en el seno del oficialismo, y más precisamente entre los sectores ultra K que conducen la Legislatura y la Gobernación.

La creación de la Comisión fue propuesta e impulsada por el vicegobernador Gabriel Mariotto y el informe final fue firmado por siete de sus nueve miembros, los cinco senadores kirchneristas, uno de la Coalición Cívica y otro del Gen, mientras que los representantes del sciolismo y del peronismo disidente elaboraron, en disidencia con el trabajo de la mayoría, sendos dictámenes en minoría.

Así, desde la Gobernación, entre otros sectores, se asignó al dictamen oficial y sus "recomendaciones" -que, en lo que se refiere al Ejecutivo, reclamó la exoneración del jefe de la Policía, Hugo Matzkin y cinco altos oficiales de la fuerza-, una connotación eminentemente política.

Esa "lectura" del informe se reflejó en la reacción del Gobernador: al día siguiente de hecho público el dictamen, Scioli participó junto a Matzkin de un megaoperativo policial en el que se incautaron elementos de una banda de narcotráfico.

Ahora, y en la que respecta al capítulo judicial del informe de la Comisión Candela, a una semana de difundido el dictamen y el día después de que sus integrantes entregaron personalmente copia del informe al presidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, el Gobernador asistió ayer a un acto convocado por la procuradora Falbo.

La ocasión que los reunió fue la inauguración de un edificio en nuestra ciudad que será sede de las defensorías civiles del Departamento Judicial local.

En esa ceremonia, Scioli y Falbo cortaron las tradicionales cintas. Pero asistieron también otros funcionarios judiciales destacados, como el presidente de la Corte que recibió la copia del dictamen, De Lázzari, y otro de los integrantes del máximo tribunal, Luis Genoud.

Y participó también de la ceremonia el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

Los observadores admitían ayer que, dado el perfil del acto, era "natural" la presencia del titular de esa cartera. Pero señalaban también que Casal fue otro de los funcionarios duramente cuestionados en el dictamen Candela.

Sin mencionar su nombre, bajo el eufemismo de referirse al "ministerio", los senadores expresaron una "observación" al área por "falta de conducción de las fuerzas a su cargo, negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por el personal a cargo de la investigación y deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico".

WZ