El Gobierno impulsa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para alinearla a la política económica actual con el foco en aumentar su independencia y vetar la emisión monetaria.

La iniciativa, que será enviada en los próximos días al Congreso, busca redefinir el rol de la autoridad monetaria, estableciendo como prioridad absoluta la preservación del valor de la moneda y el fin del financiamiento directo al Tesoro Nacional, entre otros objetivos.

La propuesta legislativa de la administración de Javier Milei pretende dejar atrás la reforma del 2012, encabezada por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marco del Pont, bajo la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

En este sentido, plantea modificar la misión principal del organismo. Actualmente, el BCRA opera bajo un mandato múltiple que incluye la estabilidad financiera y monetaria, promover el empleo y el desarrollo económico con equidad. 

El nuevo proyecto propone concentrar su función en un solo objetivo que es garantizar la estabilidad monetaria. Este enfoque se alinea con modelos de otros bancos centrales del mundo, donde el control de la inflación es la tarea técnica principal, y el resto de las políticas económicas quedan bajo la órbita exclusiva del Ejecutivo.

Más allá del cambio en la finalidad que persigue la entidad, el punto neurálgico de la reforma es la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, contraponiéndose a la modificación de 2012 que elevó los topes para la emisión.

De aprobarse, se eliminarían los "Adelantos Transitorios", obligando al Estado a cubrir sus necesidades financieras únicamente a través de recursos tributarios o la colocación de deuda en los mercados, sin recurrir al Banco Central como fuente de recursos permanente.

Esta medida responde al diagnóstico gubernamental que identifica a la emisión para cubrir el déficit fiscal como la causa principal de la inflación estructural en el país. Además, el fortalecimiento de la independencia del BCRA forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la misma línea, la iniciativa propone eliminar la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Tesoro, que se da a raíz de que su balance tiene activos en dólares, por lo que la devaluación genera ganancias contables que la entidad suele girar al Estado. El plan de Milei es generar una reserva que impida la transferencia salvo que haya deflación.

Además del mencionado cambio, el proyecto contempla otras modificaciones técnicas vinculadas con la composición del balance del BCRA. Algunas de estas son:

-Nuevas limitaciones para adquirir títulos públicos destinados al financiamiento del Estado.

-Restricciones sobre determinadas operaciones de crédito.

-Más precisiones sobre los activos que podrán integrar el patrimonio de la institución.

-Adecuaciones en diversas facultades operativas de la política monetaria.

Con la reforma, el Gobierno apunta a lograr una mayor autonomía institucional del Central fortaleciendo su independencia técnica y operativa. En este sentido, también se prevén cambios en el proceso de remoción del presidente y los directores del BCRA.

Al analizar el impacto que podría generar la reforma, la consultora Lojo aseguró que “sus efectos dependerán de la implementación práctica y del contexto económico” y señaló que “diversos economistas señalan que la efectividad de este tipo de reformas también depende de la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica y la continuidad de las políticas públicas”.

Asimismo, la firma especialista en comercio exterior y finanzas sostuvo que “más allá de las posiciones que despierta el proyecto, la discusión legislativa permitirá debatir qué modelo de Banco Central busca construir Argentina para los próximos años y cuáles serán las herramientas con las que contará para cumplir su función”.  (NA)