El Frente Renovador, con el apoyo de otros diputados nacionales de Unión por la Patria, presentó hoy su propio proyecto para regular el lobby y otras cuestiones relevantes vinculadas a la integridad y la ética en la gestión pública.

Mientras este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General comenzó a debatirse la ley de lobby enviada por el Poder Ejecutivo que configura un "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses", el diputado nacional de UxP Sebastián Galmarini expuso sobre el proyecto de su autoría para crear un "Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública" para los tres poderes del Estado.

Esta propuesta tiene el apoyo de todos los diputados del Frente Renovador y también de Victoria Tolosa Paz y Graciela Parola, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias del massismo.

La iniciativa del Gobierno se limita a regular las prácticas legítimas que ejercen intermediarios o empresas para influir en los procesos de tomas de decisiones públicas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En cambio, el proyecto de Frente Renovador extiende el alcance también al Poder Judicial y al Ministerio Público, y tiene como objetivo "modernizar los mecanismos de prevención de la corrupción, fortalecer la transparencia y mejorar los estándares de integridad en la gestión pública".

"Pareciera que el proyecto del Gobierno solo tuviera como fin buscar un tweet. Y no quiero caer en la chicana de hablar de la causa Andis o el caso Adorni; no quiero caer en eso. Queremos hacer un aporte para que esto no le vuelva a pasar a nuestro país sistemáticamente", sostuvo Galmarini durante el debate.

Según explicó durante el tratamiento de comisión, la iniciativa busca "unificar la legislación" y "en segundo lugar, modernizar los procesos, los plazos, las funciones, los límites y todos los márgenes de actuación institucional".

"Y obviamente, actualizar las normas; ha cambiado mucho la forma en la que se tramitan los procesos administrativos legales en la Argentina y en el mundo, y creo que la Argentina se merece esa actualización y, por sobre todo, el desarrollo de muchos aspectos que rodean a esa idea de lobby y que pareciera que en el proyecto oficial no están contemplados", completó. 

El marco integral propuesto por el massista "busca reemplazar la lógica exclusivamente reactiva frente a los hechos de corrupción por un modelo preventivo, basado en políticas públicas de integridad, mecanismos de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas". 

El proyecto establece que el nuevo sistema estará integrado por instituciones, procedimientos y herramientas destinadas a prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el Sector Público Nacional.  

Entre sus principales innovaciones, el proyecto también crea un nuevo y más exigente "Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses", orientado a prevenir conflictos de intereses y aumentar la transparencia de la función pública. 

La obligación alcanzará a autoridades de los tres poderes del Estado, organismos de control, empresas públicas, fuerzas de seguridad y otras áreas sensibles de la administración. 

Las declaraciones deberán incluir información patrimonial detallada, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades.

Además, serán de acceso público mediante plataformas digitales y formatos abiertos.   

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la regulación integral de los "conflictos de intereses", distinguiendo entre conflictos reales, potenciales y aparentes. 

Para cada caso se establecen obligaciones de abstención, mecanismos de transparencia adicionales y procedimientos específicos para evitar que intereses privados interfieran con la toma de decisiones públicas.   

Asimismo, la propuesta incorpora un capítulo específico de "antinepotismo", que prohíbe la designación o contratación de familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios nacionales, así como los esquemas de designaciones cruzadas entre distintas dependencias estatales. 

También prevé la nulidad de las designaciones realizadas en violación de estas disposiciones.  

La iniciativa contempla además restricciones para el denominado fenómeno de “puerta giratoria”, imponiendo limitaciones a quienes abandonen cargos públicos para desempeñarse en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado. 

“La transparencia y la integridad no pueden depender únicamente de la sanción posterior de los hechos de corrupción. Es necesario construir un sistema que prevenga, detecte y corrija las irregularidades antes de que produzcan daño al Estado y a la ciudadanía”, señala Galmarini en los fundamentos del proyecto. (NA)