A la vez, intimó al Ministerio de Gobierno de Santa Cruz a "abstenerse de monitorear los movimientos" de la Jefa de Estado mientras se encuentre en la provincia.

De esta manera la Secretaría a cargo de Sergio Berni salió al cruce de un comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno santacruceño, en el que se indicó que la policía provincial actuaba junto a la Unidad de Custodia Presidencial "de la misma forma no solamente desde que la presidenta asumiera la primera magistratura" sino también durante "el mandato del ex presidente, Néstor Kirchner".

En tanto, el comunicado de la Secretaria de Seguridad nacional indica que "todos los movimientos no protocolares de la señora Presidenta en la provincia de Santa Cruz son custodiados exclusivamente por efectivos de las Fuerzas de Seguridad nacionales, los cuales no tienen contacto alguno con la policía provincial".

Por esa razón, expresa, "son falaces las afirmaciones de la Ministra de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Paola Knoop".

Por último, se expresa que "fue esta Secretaría la que intimó a dicho ministerio de abstenerse de monitorear los movimientos de la primera mandataria, mientras la misma se encuentre en dicha provincia realizando actividades privadas".

¿Hubo espionaje?

La tarea se habría llevado a cabo a partir de las indicaciones del gobernador Daniel Peralta por personal policial de la provincia de Santa Cruz vestidos de civil. Algunas fuentes del kirchnerismo santacruceño vinculan en estas actividades a Rubén Lasagno, uno de los directivos de la agencia de noticias OPI y de estrechos contactos con los servicios de inteligencia en la década del 90;; informa Diario Registrado.

Según la custodia oficial de la Presidenta, el seguimiento realizado sobre la jefa de Estado no se hizo con su coordinación, por lo que la justicia podría caratular el operativo como un seguimiento de inteligencia ilegal.

Desde la gobernación santacruceña se emitió un comunicado desmintiendo la información.

Las tensiones políticas entre el gobierno nacional y el provincial surgieron en diciembre del año pasado cuando funcionarios y legisladores de La Cámpora tomaron distancia de la gestión de Peralta, al oponerse a un paquete de leyes económicas que incluía un ajuste del gasto público.

Además, desde el kirchnerismo santacruceño ya venían cuestionando el giro que tuvo Peralta desde que asumió la gobernación.

Se suma también la relación del mandatario provincial con el ex obispo de Río Gallegos Juan Carlos Romanín -opositor al kirchnerismo-, la reciente huelga policial que mantuvo a Santa Cruz en vilo por 19 días, y la denuncia de los organismos de Derechos Humanos contra la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia �lvarez, por su relación familiar con ex militares y una serie de fallos en causas que se investigan violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar.