En ese sentido la legisladora pidió la modificación del Régimen de Resolución Alternativa de Conflictos Penales, justificando que la mediación conlleva un riesgo para la integridad física de los afectados, ya que la mujer por si sola, no puede, detener el ejercicio de la violencia.

Asimismo, explicó que esta medida legal es difícil porque "puede exponer a la mujer a ocupar una posición de inferioridad en el marco de las negociaciones, debido a que un simple encuentro de mediación no es suficiente para modificar la conducta violenta del agresor".