Un grupo de al menos 12 ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves por la mañana cuando saltaron la reja del Congreso para protestar contra la modificación de la Ley de Glaciares propuesta por el Gobierno, que será tratada en las próximas horas en el Senado.

Tras unos pocos minutos, al menos una docena de manifestantes fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal. La Policía también agredió a camarógrafos y periodistas que cubrían lo que pasaba en el lugar: un camarógrafo de A24 fue tirado al piso, golpeado y detenido.

La propuesta del Gobierno, que ya tuvo media sanción en Diputados, redefine la protección del ambiente periglacial. Con el objetivo de atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, permite el avance del extractivismo sobre zonas protegidas como reservas de agua dulce.

Según explica Greenpeace, la iniciativa -presentada a instancias de gobernadores aliados al gobierno, de provincias con intereses en la industria minera- apunta a reducir la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y delega en las provincias definiciones técnicas y administrativas que hoy funcionan como un piso mínimo común para todo el país.

Represión a Greenpeace en el Congreso Un camarógrafo fue agredido detenido cuando cubría la detención de los ambientalistas (Capturas de Video)

La organización ambiental cuestiona además que una decisión con semejante impacto ambiental se trate a las apuradas, en sesiones extraordinarias, sin un debate público y federal.

El doctor en Geología y glaciólogo Lucas Ruiz explicó a Radio 750 los principales puntos de esta reforma, hecha a medida de las mineras. “El principal problema es que la ley no intenta modificar qué es ambiente periglaciar o dar una definición más precisa”, sino que -al contrario- “busca darle la potestad a las provincias para que digan qué quieren proteger y qué no”. Qué entienden, y qué no, por ambiente periglaciar, pero sin establecer un mecanismo de medición precisa.

“Y esto entra en conflicto con el objetivo que tienen las leyes de presupuesto mínimo ambiental, que es generar un estándar de protección ambiental. Son elementos que requieren un consenso a nivel país”, alertó.

Si se cambia la ley, advirtió, las consecuencias serán claras: “La modificación que quieren hacer es muy arbitraria. Porque sin decir cuáles van a ser los elementos a evaluar, dicen que las provincias pueden evaluar y decir qué importa y qué no”.

“Esto pone a las provincias a competir por cuál es la que protege menos”, dijo, señalando cómo se puede generar una suerte de liberación para quedarse con la menor regulación posible, pero con la mayor cantidad de inversiones mineras.