El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, se reunió ayer con el dirigente cooperativista que denunció al gobernador Daniel Scioli por "fraude" en la expropiación de una fábrica, y se comprometió a reimpulsar unos 17 procesos aún no iniciados.

Mariotto recibió este mediodía al titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Luis Caro, quien la semana pasada presentó una denuncia penal por "fraude, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita" contra Scioli, varios de sus funcionarios y los abogados que participaron en el proceso de expropiación de la fábrica Wasserman, que le costó al Estado 101 millones de pesos cuando, según el denunciante la empresa solo valía un cuarto de ese valor.

Si bien desde el entorno del vice aseguraron que en la reunión "no se habló" de la denuncia, el gesto no dejó de llamar la atención en los ámbitos políticos bonaerenses, ya que la denuncia en cuestión explotó en los últimos días.

Mariotto estaba al tanto de la denuncia de Caro, puesto que él mismo le envió una nota contando la situación. El vice recibió la misiva y la distribuyó entre los presidentes de bancadas, pero no hubo otra acción.

En medio de este panorama, el titular del Senado bonaerense se comprometió ante Caro a reflotar unos 17 expedientes de expropiación que aún no fueron completados. Según fuentes parlamentarias, hay tres situaciones diferentes: leyes aprobadas y aún no ejecutadas por el Gobierno; otros que tienen media sanción de Diputados; y finalmente algunos que no tuvieron aún tratamiento parlamentario.

Respecto de los primeros, el Senado aprobaría una prórroga para el cumplimiento del proceso de expropiación, que vence si no se hace efectivo el pago de la misma. Sobre los proyectos aún no abordados, Mariotto se comprometió a reflotar el debate y aprobar la mayor cantidad posible "antes de fin de año".

De concretarse, la movida implicaría para el Ejecutivo -si es que no veta las iniciativas- un importante desembolso de dinero en momentos en el que se busca "maximizar" -versión oficial del ahorro- gastos, aunque en el Senado aseguran que muchas de esas operaciones no superan el millón de pesos. Incluso alguien se animó a aventurar, en tono irónico, que "con lo que salió la expropiación de Wasserman sobraba para todas las demás".

Caro, por su parte, sostuvo en declaraciones a la agencia Télam que la reunión "fue importante porque desde la Legislatura se impulsarán las leyes de expropiación caídas por inacción del Ejecutivo provincial".

El dirigente estimó que, en total, hay unos 70 proyectos de expropiación que involucran a un total de ocho mil trabajadores.

Entre las cooperativas figuran Unión y Fuerza, Lavalan, San Justo, La Basconia, Química del Sur, Textil San Remo, Astilleros Navales Unidos, Curtidores Unidos, Argypas, Frigorífico Bragado, Depormed y Frigorífico Pedró.

"Estamos muy contentos porque la decisión de Mariotto va en relación directa con la política nacional de impulsar los proyectos de autogestión obrera", señaló Caro.

El abogado, además, ratificó la denuncia penal presentada por la entidad por "fraude" contra el Estado provincial en el caso de la expropiación de la empresa metalúrgica Wasserman de Vicente López.

Según la presentación judicial, las acusaciones recaen sobre el entonces ministro de la Producción, Martín Ferré -hoy en Desarrollo Social-; al subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Nicolás Della Croce; al presidente de la fábrica, Ignacio Wasserman; al apoderado de la empresa, Alan Wasserman; los abogados Daniel Sabsay, Beatriz Rivas y Rubén Citara; y los responsables del estudio de abogados "Caporal, Citara y Casal".

"Se pagaron 101 millones pesos, sin sentencia firme y violando la Ley General de Expropiaciones de la Provincia (5708).Con menos de la mitad de ese dinero se podrían expropiar todas las fábricas recuperadas de la provincia y asegurar el empleo directo de más de 8 mil personas", aseguró Caro.

El dirigente sostuvo que "la participación del Gobernador es principal porque sin los tres decretos que firmó no se podría haber hecho ninguna disposición de los bienes. El primer decreto autorizó a la Fiscalía el convenio por 101 millones, el segundo fue para ampliar el presupuesto del Ministerio de Producción porque para todo el año 2010 era de 130 millones, con lo cual tenía que aumentarlo porque de lo contrario se iba a gastar casi el 90 por ciento del presupuesto en un solo pago. El tercer decreto es la Orden de Pago, por lo que con el andamiaje administrativo-jurídico legal se realizó todo".

WZ