La resolución fue tomada por el órgano académico integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades, y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

"Esta es una clara expresión política de la Universidad de Buenos Aires", expresó Hallú durante la sesión realizada en el rectorado en la que el Consejo Superior, tras el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento que elaboró el proyecto de resolución.

En ese dictamen, la comisión entendió que si bien el propósito de la Universidad "no puede ser otro que permitir la libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo", la particularidad del caso implica que "quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria".

Y agrega "ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos".

La resolución del Consejo Superior fue dispuesta tras los pedidos efectuados por represores que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos, Adolfo Donda- condenado a prisión perpetua-, Carlos Jurio y Oscar Rolón.

Ante el intento de inscripción al programa, las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales dictaron la resolución que prohibía su condición de alumnos, postura que fue refrendada esta mañana por el Consejo Superior de la UBA.

"Es un hecho histórico que pone a la universidad pública a la altura de las discusiones actuales sobre el rechazo al genocidio y las políticas por memoria verdad y justicia", aseguró  Juan Pablo Parchuc, director del Programa Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras, a Télam.

Para el docente, la resolución del Consejo Superior "resume el trabajo que venimos haciendo en conjunto desde la universidad, las agrupaciones estudiantiles, docentes y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la cárcel, poniéndonos el debate al hombro para llevarlo adelante en una tarea que no fue fácil", admitió.

Organizaciones de derechos humanos repudiaron a través de una solicitada el intento de los represores de ingresar a la universidad pública, en la que durante el terrorismo de Estado "miles de docentes, graduados, estudiantes y no docentes sufrieron persecución, secuestros, apropiación de bebés, torturas, asesinatos y desapariciones".