Desde La Cámpora buscan apurar el tratamiento de la iniciativa que ya fue aprobada en el Senado bonaerense y que crea un Comite de Mecanismos contra la Tortura en las cárceles para monitorear, controlar, proponer soluciones, evitar casos de maltrato y denunciar flagelos en las unidades penales. Es parte de la sumatoria de críticas y denuncias que viene realizando el kirchnerismo contra el Servicio Penitenciario bonaerense, que tiene al ministro Ricardo Casal en la mira.

El proyecto impulsado por el senador camporista, Santiago Carreras, en sintonía con uno de la Comisión por la Memoria, fue aprobado en el Senado con el apoyo de la oposición y -según publicó Diagonales.com- ahora desde la agrupación juvenil buscan que tenga un pronto tratamiento en la Cámara de Diputados.

La Comisión de Derechos Humanos en la cámara baja, también está presidida por una integrante de La Cámpora, la diputada Fernanda Raverta que junto al vicepresidente de Diputados, José Ottavis están trabajando para darle celeridad a un proyecto que se enmarca en las denuncias contra el Servicio Penitenciario que vienen realizando año a año por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y por el propio vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.

La iniciativa, denominada formalmente como Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tuvo un dictamen favorable de las comisiones de Derechos Humanos y Legislación General en el Senado, pero fue modificado en algunos artículos por pedido de la oposición en plena sesión para incorporar miembros de las bancadas minoritarias a la conformación del cuerpo.

"Este proyecto tiene como base lo que se está tratando en Nación y está en sintonía con lo dispuesto por la ONU que dispone, a través del Protocolo Facultativo, la creación de Mecanismos nacionales y locales para la prevención de la tortura", explicó Santiago Carreras.

A la hora de fundamentar el trabajo que llevará adelante esta comisión, el senador camporista destacó: "En este caso trabajamos desde la prevención, para evitar tratos degradantes o torturas en lugares de encierro. Y esto lo llevamos a cabo a través del Mecanismo, que cuenta con la participación de la Comisión Provincial por la Memoria y distintos organismos de derechos humanos como el CELS, la APDH y muchos más".

"Esta ley, que fue votada por unanimidad en el Senado, es el cierre de un trabajo que se viene realizando durante años. Desde 2006 que entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, que Argentina como estado parte suscribió, se viene trabajando para alinearnos con estás políticas que tienen como finalidad generar mejores condiciones a las personas que se encuentran en situación de encierro", completó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera, aseguró que "con la media sanción de esta ley, la Provincia está dando un paso fundamental para desarrollar una política de prevención de la tortura, para monitorear los lugares de detención de personas y así enfrentar un flagelo extendido y reiterado que es la violencia institucional, la tortura y malos tratos a personas privadas de su libertad".

En el proyecto del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se propone la conformación de una Comisión de nueve miembros que tendrán fueros, no podrán ser investigados ni apresados mientras dure su mandato, y entre las atribuciones se los habilita para ingresar a penales, acceder a causas y a información sin restricciones, convocar a funcionarios, solicitar informes y podrán tomar decisiones, resoluciones y accionar en los distintos casos que comprueben irregularidades.

Además, este proyecto viene a complementar la ley nacional que conforma un Comité contra la Tortura y el objetivo final del proyecto es conformar un Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes para la provincia y crear un comité que tendrá como función principal garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el proyecto se propone la conformación de una Comisión de siete miembros que tendrán fueros, no podrán ser investigados ni apresados mientras dure su mandato, y entre las atribuciones se los habilita para ingresar a penales, acceder a causas y a información sin restricciones, convocar a funcionarios, solicitar informes y podrán tomar decisiones, resoluciones y accionar en los distintos casos que comprueben irregularidades.

El ejercicio de los cargos será incompatible con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materias referidas a la aplicación contra la tortura.

Además, se creará una Comisión Bicameral que estará conformada por nueve candidatos preseleccionados con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, seis deben haber sido postulados asociaciones no gubernamentales con trayectoria en la defensa de las personas privadas de libertad, mientras que tres deberá haber sido propuestos por los distintos bloques minoritarios del Senado y tres por los distintos bloques parlamentarios minoritarios de la Cámara de Diputados.

WZ