Mientras que en Mar del Plata la flota pesquera permanece amarrada y hasta la Iglesia católica se expresó por la situación de los trabajadores en el sur del país, el producto estrella del mar argentino, la captura de merluza negra, está judicializada en los tribunales federales de Comodoro Py por una demanda que lleva adelante una empresa tradicional y que cuenta con el patrocinio de Fernando Burlando contra el Consejo Federal Pesquero por supuestas arbitrariedades en el otorgamiento de los cupos.

La investigación en los tribunales federales de Comodoro Py la lleva adelante el juez Ariel Lijo y, según fuentes tribunalicias consultadas por NA, se aguarda que comiencen a prestar declaración indagatoria varios funcionarios del Consejo Federal Pesquero que nunca estuvieron ante una situación semejante.

Los denunciados enfrentan acusaciones por arbitrariedades en el otorgamiento de los cupos de pesca de merluza, especialmente de la especie merluza negra, entre empresas privadas.

El caso marplatense es más grave que una situación coyuntural porque la captura del langostino sufrió un enorme retroceso en el mercado, cuyos precios anotaron una baja cercana al 50%.

Ante la caída de los precios de los frutos del mar, las entidades empresariales —Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip)— señalaron a NA que “los sindicatos de la actividad se niegan a revisar el convenio colectivo firmado en 2005. Operar bajo esos términos convierte en inviable la actividad”.

Sólo se llegó a un principio de acuerdo entre los sindicatos y, en plena conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, para que el sector fresquero comience con la zafra de langostino.

Sin embargo, el problema gremial se agravó en el segmento congelador de la actividad que continuará con las huelgas. Por ello, el puerto marplatense se encuentra completamente paralizado, lo que motivó un ruego urgente del obispado local para hallar una solución cuanto antes.

Mientras el sector pierde aproximadamente 200 millones de dólares en exportaciones y el Estado nacional dejó de obtener 15 millones de dólares por derechos de exportación, la Iglesia expresó que la situación requiere una urgente intervención de todos los responsables porque está en juego el trabajo de la gente.

Además, recordaron las palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si, donde se afirma que “...el trabajo es una dimensión esencial de la existencia del hombre sobre la tierra, una prolongación de la obra de la creación. Quitar el trabajo es quitar la dignidad”.

La situación en las provincias australes

Donde el trabajo no falta, pero va siempre dirigido a las mismas empresas, es en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La actividad pesquera en el mar argentino se rige por cupos que otorga el Consejo Federal Pesquero, que hoy se encuentra bajo serias críticas por arbitrariedades en su reparto, al punto que su accionar está judicializado en dos tribunales federales.

En el mercado ictícola hay muchas perlas, pero existe una que cotiza por encima de otras: la merluza negra. Por esta especie, muy cuidada y apreciada por el paladar gastronómico asiático, hubo denuncias cruzadas entre empresas multinacionales por su captura y un pedido ante el gobierno de Milei, realizado por la compañía Prodesur S.A., para que se realice una audiencia pública.

Ese pedido no fue atendido, la pelea escaló y llegó a los tribunales federales de Comodoro Py a través de una denuncia penal.

Los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio presentaron la denuncia penal contra los integrantes del Consejo Federal Pesquero por presuntas coimas para el otorgamiento de las concesiones de cuota de pesca (CITC) de merluza negra.

La maniobra denunciada se funda en el régimen de cuotificación de pesca, basado en un sistema de otorgamiento de cupos que data del año 2009 y que siempre fue criticado por sus discrecionalidades.

En Mar del Plata, un juzgado federal continúa investigando la denuncia del ex intendente de General Pueyrredón y actual diputado provincial, Gustavo Pulti, por presunta corrupción en el organismo pesquero.

“Se han producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector pesquero, entre los que se encontrarían representantes del sector productivo pesquero marplatense, en las que, impropiamente, las autoridades del Gobierno Nacional habrían efectuado un puntual pedido de 'coima' para garantizar la posibilidad de ingresar al reparto de la cuota”.

Además, la empresa Prodesur S.A., dirigida por el empresario chino Liu Zhijiang, fue excluida del acceso a la concesión de una cuota de pesca de merluza negra, a través de un presunto hecho ilícito que involucra a integrantes del Consejo Federal Pesquero, que habrían recibido importantes sumas de dinero en dólares para impedir el acceso de la firma a los cupos de captura.

Además de esta investigación patrocinada por Burlando, por un reparto que según varios referentes del sector consultados con reserva, “siempre tiene cuestiones poco claras y son beneficiados los mismos”, el poderoso sector pesquero teme por la judicialización del reparto de la merluza común, una posibilidad latente de conflicto.

Para los abogados, “el haber excluido a la sociedad PRODESUR S.A. generó, de inmediato, una cartelización real de la explotación del recurso merluza negra en el mar argentino. Así las cosas, incurrirían además en la conducta típica del art. 248 del Código Penal, en virtud de haber dictado un auto contrario al ordenamiento jurídico y que adolecería los siguientes vicios:

a) El Consejo Federal Pesquero omitió realizar el procedimiento de oferta pública para el otorgamiento de la cuota en el período 2025-2039.

b) El CFP generó un oligopolio de empresas que cuentan con la cuota en detrimento de Prodesur S.A., que se encuentra en iguales o mejores condiciones de explotar el recurso.