También incluyeron fijar un listado de las actividades productivas o comerciales afectadas por el conflicto en el Puerto. Insisten con la prórroga en el pago de tasas municipales y en la intervención del Ejecutivo para impedir corte de servicios básicos

El bloque de concejales del Frente para la Victoria elevó ante el Cuerpo dos proyectos de ordenanza enmarcados en la problemática que atraviesa el sector de la pesca. El objetivo es crear dos registros únicos: uno de actividades productivas, comerciales y/o de servicios afectados y otro de asistencia a los trabajadores.

En líneas generales, la base de ambas propuestas coincide en la necesidad de construir una herramienta que permita "establecer las prioridades, mecanismos y estrategias de intervención municipal frente al conflicto portuario".

El autor de la iniciativa es el edil Pablo Retamoza, quien también originó el expediente que buscaba constituir una "unidad de gestión" para abordar el tema y que, tras modificaciones del oficialismo, fijó la creación de una comisión especial en el ámbito del Concejo Deliberante, la cual se encuentra actualmente en funcionamiento, según cuenta el diario marplatense, "El Atlántico".

El bloque no se conformó con esto y, para la presentación de estos nuevos proyectos, se tomaron extractos de la propuesta original y de lo elevado por el radicalismo para pedir que se declare a la actividad pesquera en emergencia social, laboral y económica (expediente que aún se encuentra en comisión de Promoción, Desarrollo e Intereses Marítimos).

Por un lado, para confeccionar el registro que abarcaría a los trabajadores, se apelaría a la colaboración de las asociaciones gremiales, las cooperativas, y los propios obreros afectados para la recopilación y sistematización de los datos. La información a relevar incluye la situación laboral del trabajador, su condición de tal, la actividad que desarrolla, cobertura social y de asignaciones familiares, pensiones o cobertura de planes o programas nacionales, provinciales o municipales.

En el articulado del proyecto, también se pide al Ejecutivo que cree una "instancia de articulación" junto a la Anses, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo nacional, los bloques de concejales, la CGT y la CTA, con el objeto de que la información obtenida sea cotejada con sus respectivas bases de datos. Según remarcaron, el fin esencial es "garantizar el acceso de los trabajadores y sus familias a los derechos de seguridad social, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y pensiones".

En cuanto a la parte productiva y comercial, el mecanismo es similar. Se encomienda así, que tanto la Delegación Municipal Puerto como la secretaría de Economía y Hacienda sean los entes responsables de recolectar la información, con la colaboración de las Cámaras y asociaciones que nuclean a los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y proveedores de servicios.

En este sentido, se busca obtener datos respecto a distintos ítems, como cuáles son las ramas y zonas afectadas y si ha habido reducción de personal, paralización de actividades, despidos o suspensiones.

En este punto, como ya había sido planteado en el expediente que proponía la creación de una "unidad de gestión", se solicita que el Ejecutivo interceda ante las empresas de servicios básicos para evitar los cortes por falta de pago. La diferencia es que esta medida estaba enfocada hacia los trabajadores y, en el nuevo proyecto, se beneficia a los titulares de las actividades productivas y comerciales.

Además, toma una parte de la propuesta radical a partir del cual se pretendía declarar a la ciudad en "emergencia pesquera", al establecer un prorrateo el cobro de tasas municipales a los "afectados como consecuencia de la paralización del Puerto" que así lo soliciten, "por un plazo sujeto a la recuperación económica".

Fundamentos

Al explicar las bases de ambas propuestas, Retamoza sostuvo "la iniciativa de acercar propuestas para el fortalecimiento de las intervenciones, surgió a partir de las exposiciones de los distintos Secretarios (en el marco de la comisión especial), teniendo en cuenta la delicada situación que atraviesan las familias afectadas que son, por lo menos, 6 mil".

A su vez, aseguró "es necesario un mecanismo transparente y eficaz para garantizar las asistencias y, sobre todo, dar cobertura a los sectores con mayor nivel de vulnerabilidad".

"En este contexto mundial desfavorable, el Gobierno Nacional hace incansables esfuerzos económicos para sostener el empleo", resaltó luego y agregó que, en consecuencia, "es fundamental que el Estado municipal acompañe activamente esos esfuerzos, implementando políticas de recuperación para poder encontrar una pronta salida a esta situación que afecta al conjunto de los marplatenses".